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DIAGNÓSTICO DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA–AMBIENTAL EN LA ZMVM:
EL CASO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES A ESCALA LOCAL

En toda su diversidad biofísica, social, económica, cultural y de gobernanza, los gobiernos locales que arribaron en 2019 (véase mapa del panorama político de la ZMVM), afrontan diversos y complejos retos climático-ambientales. 

Panorama político de la ZMVM

Según el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México de 2016, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), emitió ese año 62.3 Gt de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales 22 Gt correspondieron a la CDMX.

Además, la ZMVM emitió otros contaminantes criterio, entre los que destacan el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles que presentaron un volumen de 728,561 tons/año y 416,089 tons/año, respectivamente.

A tal situación, que deriva del un sustancial parque vehicular y la presencia de actividades productivas contaminantes, se suman otros retos, especialmente en materia de gestión de residuos y aguas residuales, aunque también de preservación de áreas naturales protegidas, parques estatales, suelo de conservación o figuras similares de protección de zonas de valor ambiental. Tales espacios, que concentran buena parte de los servicios ambientales de la ZMVM, presentan múltiples asentamientos irregulares, disposición ilegal de residuos (incluyendo aquellos de manejo especial), así como procesos de tala clandestina, entre otras afectaciones.

Los retos son múltiples, complejos y espacialmente diversos, tal y como también lo son las capacidades institucionales existentes a escala local y que se traducen en capacidades diferenciadas para la acción. El propósito de este proyecto es elaborar un diagnóstico sobre las mencionadas capacidades institucionales en tanto piezas clave de la gobernanza climática-ambiental, aunque ciertamente no las únicas. Y es que en efecto, debe reconocerse que entre los actores que son igualmente relevantes, no sólo están otros niveles de gobierno (incluyendo entidades para la gestión metropolitana), sino también la sociedad civil organizada, el sector privado y los actores internacionales con incidencia en el área de estudio.

El proyecto busca consolidar una plataforma de conocimiento sobre la ZMVM al habilitar un espacio de seguimiento y análisis de la las capacidades institucionales en el ámbito climático-ambiental, incluyendo las acciones y resultados logrados o esperados. El repositorio es un esfuerzo "vivo", es decir, en permanente actualización y mejora. Se propone así como una herramienta de consulta, pero también para visibilizar las acciones, buenas prácticas y avances hacia la transformación urbana sustentable, resiliente, incluyente y justa. Otros proyectos de la Plataforma se ocupan de otros actores, tales como la sociedad civil organizada.

El Diagnóstico de la gobernanza climática–ambiental en la ZMVM se presenta en tres partes:

  1. una que aborda el caso de los municipios del Estado de México que componen la ZMVM,
  2. otra que se ocupa de las alcaldías de la CDMX, y
  3. una última que integra el análisis individual para ofrecer una lectura metropolitana.

Para cada municipio y alcaldía se presentan una serie de datos básicos, tanto geográficos y físicos, como demográficos, económicos y medioambientales. También se analiza el estado de la gobernanza climática-ambiental, lo que se ha traducido en, además de un análisis cualitativo, la elaboración de un Índice de capacidad institucional climática-ambiental local (ICI-CLIMA), tanto para cada uno de los gobiernos locales, como para la ZMVM.

Los resultados obtenidos del trabajo documental y de campo, se han validado mediante el diálogo con tomadores de decisiones y parlamentarios a cargo de la agenda ambiental y climática. El taller de parlamentarios y tomadores de decisiones "Hacia una agenda coordinada de acción climática - ambiental para la ZMVM" ha sentado las bases para tal proceso al abrir los canales de comunicación y potencial trabajo colaborativo. Ese último se propone con la finalidad de poder acompañar los esfuerzos de co-construcción de una agenda común de acción que permita priorizar acciones, coordinar esfuerzos, plantear mecanismos de implementación y seguimiento, compartir buenas prácticas, y explorar potenciales fuentes de financiamiento.

 

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